Renta básica: buena propuesta en tiempos de bonanza, muy buena en tiempos de crisis
La crisis económica actual invita a la reflexión acerca del papel que la Renta Básica (RB) puede desempeñar como instrumento efectivo para combatir algunos de sus peores efectos.
La renta básica (RB) es un ingreso (al menos de la misma cantidad que el necesario para estar sobre el umbral de pobreza) pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva (1).
Los datos sobre el Reino de España y la República Argentina muestran que los problemas son similares, aunque con diferente contenido, tanto en los Estados de economías ricas como en los que tienen economías más pobres y dependientes.
Esta crisis tiene algunas diferencias importantes con otras recientes (México en 1994, Sudeste Asiático en 1997, Rusia en 1998, Brasil en 1999, Argentina en 2001): su epicentro está en los países centrales y especialmente en EEUU. Es una crisis del sistema de pagos de los países ricos y no es el resultado de falta de recursos de los países más pobres para pagar su deuda. Más aún, no se trata sólo de una crisis financiera de “activos tóxicos” en algunos bancos. Es una crisis del régimen de crecimiento económico liderado por las finanzas que ha venido sosteniendo la demanda mundial por el aumento de los ingresos de las familias en los países ricos gracias al endeudamiento; no se trata de un problema de dispendioso manejo de recursos en los países menos desarrollados que, por el contrario, en muchos casos han venido registrando superávit fiscales y comerciales.
Sin embargo, la crisis afecta a todos. Esta es tal vez una de las diferencias más notables con la crisis de 1930: su impacto sobre el comercio y las finanzas de la economía global puede ser más notable. Esta crisis fue precedida por un clima de bonanza que volvió a alimentar la creencia ortodoxa de que los problemas de desempleo, pobreza y distribución del ingreso se resolverían por derrame del crecimiento económico del mundo globalizado. Esto es, que funcionaría el “derrame” de los beneficios del crecimiento económico, aliviando los problemas de distribución regresiva del ingreso. Nuevamente los hechos muestran que estos razonamientos son equivocados.
El gobierno de los EEUU reaccionó a la crisis proveyendo de dinero a los agentes que habían administrado los recursos financieros imprudentemente, si no de forma criminal. Esta muy complaciente ayuda pública, generosamente otorgada a entidades cuyos dueños y directivos son en gran medida responsables de la crisis, contrasta muy vivamente con las políticas como la RB que tratan directamente de atender los problemas que enfrentan las víctimas más vulnerables de la crisis.
Mientras se regalan fondos públicos para salvar los negocios de los que aún parece que continúan cobrando suculentos honorarios, se sigue sin aceptar que los ciudadanos comunes, los más necesitados, reciban una RB con argumentos infundados del tipo: ese “regalo” no los estimularía a trabajar, no existen suficientes recursos, no puede otorgarse subsidio sin contraprestación, etc. Estos argumentos que no fueron esgrimidos para impedir que se subsidie a los que se lucraron con la valorización financiera del capital.
Lo que está en crisis es algo más que un sistema financiero especulativo. Está en crisis un régimen de crecimiento regulado y liderado por las finanzas, una de cuyas características centrales es la inflación de activos y el crecimiento del crédito hacia los sectores más acomodados en la distribución del ingreso. El proceso de financiarización de la economía vino acompañado de una fuerte distribución regresiva del ingreso y una mayor flexibilidad de los puestos y los ingresos laborales tanto en los países centrales como en los periféricos.
Así, las familias se vieron “forzadas” a complementar sus ingresos laborales con ingresos provenientes de la inflación de los activos colocados en el mercado de capitales (fondos de pensiones, fondos de inversión) y los créditos (especialmente hipotecarios) que obtenían ofreciendo sus activos en garantía. Para los pobres la globalización financiera ofreció micro-créditos, de forma tal que en lugar de ser “beneficiarios de derechos”, pasaron a ser deudores y clientes de instituciones que de este modo los “integran” al sistema financiero.
Mucho se ha dicho acerca de la necesidad de nuevas instituciones reguladoras ante los fallos olímpicos de los organismos multilaterales encargados de la prevención o administración de la crisis económica, y poco acerca de la necesidad de revisar las políticas de distribución de la renta y del derecho a un ingreso. Aquí es donde la RB aporta una vía racional de distribución de la renta de forma estable e igualitaria a las personas que viven de su trabajo, pero que no la encuentran en el mercado de empleo y mucho menos en los mercados financieros.
La RB aparece así como una medida complementaria de ingresos de otras fuentes que potencia su efectividad cuando los empleos están amenazados por los mismos ajustes que se prescriben ahora para “hacer frente” a la crisis. La reorganización de la economía mundial no es sólo una cuestión de las finanzas, sino de todo el sistema de protección de la sociedad y de distribución de poder de demanda a la población frente a las consecuencias de la crisis desatada por el estallido de una demanda inflada por los productos financieros inventados por los fundamentalistas del mercado y del crecimiento eterno.
Algunas cifras ilustran la magnitud del problema. Ninguna previsión mencionó que la tasa de desempleo en el Reino de España llegaría al 17,3% en el primer trimestre de 2009. Existen previsiones de algunos investigadores que llegan a estimar hasta un 30% de desempleo para finales de 2010. En cualquier caso, situados a mediados de 2009, el número de desempleados en el Reino de España ya sobrepasa oficialmente los 4 millones (y en lo que queda de año, 100.000 trabajadores perderán su puesto de trabajo por la presentación de expedientes de regulación de empleo en sus empresas respectivas; evidentemente, muchos más lo perderán por cierre directo de otras empresas que no presentarán estos expedientes).
Agrava el futuro saber que la recuperación económica, cuando se acabe produciendo, no podrá absorber en poco tiempo estos niveles de desempleo. En el mejor de los casos se necesitarían muchos años de crecimiento sostenido para absorber los 5 millones de parados que faltará poco por alcanzar o incluso quedarán sobrepasados en el momento culminante de la destrucción de empleo.
En Argentina se ven efectos similares, aunque lamentablemente no es posible precisar cifras porque desde inicios de 2007 el gobierno tiene intervenido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de forma que todos los indicadores económicos y sociales están distorsionados. Lo que sabemos es que permitió que el desempleo cayera desde cifras de casi 20% a valores cercanos al 8%, aunque el empleo informal y sin cobertura social se mantenía en torno al 43/45% del total de empleados.
Pero en el año 2008 el crecimiento se desaceleró y variados indicadores alternativos a los oficiales muestran un freno brusco desde el último trimestre de ese año con aumento del desempleo especialmente del no registrado que se ubica en las pequeñas y medianas empresas. Situación similar se observa en otros países de América Latina. Según la Cepal, el año 2008 señala el fin de un período de seis años de expansión en la región y una proyección de aumento del desempleo y la informalidad con posterioridad a la brutal crisis de 2001-02, la economía creció por cinco años a tasas superiores al 8% anual (www.eclac.cl).
El porcentaje de pobres en el Reino de España no ha cambiado significativamente en los últimos 30 años anteriores a la crisis, situándose cerca del 20 por ciento. Cuando el crecimiento económico ha sido importante, y en ocasiones muy pujante, la proporción de personas pobres, casi un quinto exacto del total de la población, no ha variado a lo largo de las últimas décadas. La crisis económica comportará un aumento rápido y significativo de la pobreza. Así, mientras que tasas de un crecimiento económico substancial han sido necesarias para mantener la proporción de pobres, unas tasas negativas o positivas muy pequeñas comportarán un crecimiento espectacular de la pobreza.
Las cifras de pobreza en Argentina (y en la mayoría de los países latinoamericanos) se miden por criterios diferentes a los de la Unión Europea. En general, comparan ingresos revelados por encuestas de hogares con costos de una “canasta de consumo de necesidades básicas”. Otra vez, en el caso de Argentina los datos no son confiables. Los indicadores de ingresos se han vuelto poco confiables desde inicios de 2007 por cambios metodológicos de la encuesta de hogares que en muchos casos no son conocidos, mientras que el índice de precios al consumidor hace más de dos años que está manipulado oficialmente: mientras los datos administrativos hablan de una inflación para 2007 menor al 10%, estimaciones alternativas (incluyendo estadísticas oficiales de gobiernos provinciales) la ubican en el 25%.
En 2008 continuaron las divergencias de forma tal que mientras los datos oficiales señalan que entre 2006 y mediados de 2008 la pobreza había descendido de 27% a 21%, las estimaciones privadas indican que creció hasta cifras de 33%. Todo indica que el freno económico está teniendo impacto negativo sobre la pobreza y más aún: incluso cuando el país crecía a tasas elevadas, no se observa una mejora sustantiva en la distribución del ingreso.
En cualquier caso, la evidencia histórica indica que tanto en Argentina como en América Latina, la pobreza medida como insuficiencia de ingresos es fuertemente pro-cíclica y en las crisis se pierde más de lo efímeramente ganado en las fases de crecimiento económico.
LO QUE LA RENTA BÁSICA PODRÍA APORTAR EN ESTA SITUACIÓN DE CRISIS
¿Qué puede aportar una política como la RB a escenarios como los que se están observando y previendo a corto y medio plazo?
Primero, con una RB por tiempo indefinido e incondicional, la pérdida del puesto de trabajo no tendría consecuencias tan preocupantes para el bienestar de los damnificados. La creciente masa de desempleados provocada por la crisis ha de presionar para que los trabajadores acepten empleos precarios de cualquier tipo, inestables, sin cobertura social. Una RB universal e incondicional aliviaría estos problemas en tanto la competencia por los empleos y la discusión entre trabajadores y empresarios se haría con la seguridad de un ingreso garantizado al margen de la relación laboral.
En segundo lugar, la RB permitiría una reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de auto-ocupación. En ese sentido, la RB sería más eficiente que los micro-créditos para estimular la creación de micro-empresas y de cooperativas, porque significaría un ingreso estable, permanente y que no genera deuda (ni intereses usurarios). En una situación depresiva, la RB, además de representar un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de sus beneficiarios, supondría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no logran éxito con su pequeño negocio.
En tercer lugar, la RB podría representar, en caso de huelgas obreras, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores son fáciles de calibrar. La disponibilidad de una RB permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos insegura: a día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone de otros recursos.
Los conflictos laborales están aumentando como resultado de la crisis, porque la misma no sólo conlleva la reducción de los puestos de trabajo sino de los salarios y otros beneficios laborales. Más aún, cada vez son más los trabajadores que quedan sin representación sindical. La RB podría cumplir un papel muy importante en las luchas de resistencia tanto de los trabajadores con representación como de aquellos abandonados a su lucha personal, reconstruyendo la identidad trabajadora en un escenario de creciente fragmentación laboral.
En la crisis se ve perfectamente que la RB no se plantea como alternativa sustitutiva del ingreso del empleo, sino como instrumento que fortalece la posición de los trabajadores en el puesto de trabajo y en la propia búsqueda de empleo. En la actual situación, la crisis está aumentando la fragmentación de la clase trabajadora en sus reivindicaciones y los trabajadores desorganizados y precarios tendrán menos posibilidades de discutir sus condiciones de empleo. Una RB universal e incondicional permitiría unificar la lucha de los trabajadores en torno a un derecho que los beneficia a todos no importa cuál sea la situación de su actividad específica, al tiempo que daría mucho más aire para resistir los ajustes sobre las condiciones de trabajo o al mismo empleo.
Cuarto, la crisis revela claramente la importancia de tener una RB universal e incondicional como forma de prevenir la emergencia de nuevos pobres frente a la crisis, objetivo que no pueden lograr los múltiples programas asistenciales que pululan en América Latina y que exigen la comprobación de la situación de necesidad para recibir un beneficio. Estos programas no sólo no cubren a toda la población necesitada sino que, hasta que se compruebe esta situación de necesidad (y en caso de que realmente se haga), la crisis ya habrá desatado toda su violencia sobre la población más vulnerable.
Los programas “condicionados” de ingresos [Conditional Cash Transfer Programs] no tienen capacidad para responder en tiempo y forma a las necesidades de los grupos más vulnerables en una situación de crisis, y terminan seleccionando beneficiarios con criterios muy discriminatorios. Asimismo, estos programas alimentan una costosa burocracia con poder para clasificar a los potenciales beneficiarios, evaluar permanentemente su nivel y sus condiciones de vida, hasta entrometerse en la propia vida privada generando típicas situaciones de “trampa de la pobreza”.
La crisis genera más espacio para la discrecionalidad en la distribución de beneficios y potencia las posibilidades de usar políticamente el poder de seleccionar beneficiarios. La RB no sólo ahorra costos burocráticos innecesarios sino que además otorga beneficios por derecho propio de la ciudadanía evitando intermediaciones que transforman a la población necesitada en una clientela política.
En quinto lugar y para finalizar en algún sitio, un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las familias. De hecho, las familias tuvieron en los años del boom una capacidad de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Ahora el ajuste vendrá no sólo en esos ingresos extras, sino porque han de caer los ingresos laborales y parte de los mismos irán al pago de la deuda acumulada.
En países como Argentina, si bien no se dio en esa magnitud, la recuperación económica estuvo acompañada de crédito al consumo de las familias de clase media y alta junto con un fuerte crecimiento de la construcción residencial y la demanda automotriz; ambos sectores se están viendo afectados marcadamente por la crisis. Mientras tanto, cotidianamente el Gobierno viene anunciando medidas para recomponer la demanda de los sectores de ingresos medios y altos, con créditos para la compra de bienes durables (automóviles, electrodomésticos, etc.) cuyo fondeo se obtiene de los recursos de los activos de los fondos de jubilaciones y pensiones recientemente estatizados.
Sin embargo, no se observan anuncios de políticas de distribución de ingresos para los grupos más vulnerables. La ampliación del gasto de los actuales programas asistenciales, que en muchos casos saca ingresos de otros programas sociales (como el de previsión social) no está a la altura de las necesidades y la atención está centrada en subsidiar empresas que se declaran en dificultades (otra vez con fondos del sistema de seguridad social).
Además de su insuficiencia, las políticas asistenciales continuarán generando problemas de discriminación, costos burocráticos, ineficiencia, inequidad, clientelismo político, etc.
En contraste, la RB es un modo más eficiente e igualitario de distribuir poder de consumo para sostener la demanda, particularmente en los desiguales países de América Latina donde históricamente el crecimiento económico se vincula con el consumo de los más acomodados.
La RB no sólo es un modo justo de redistribuir ingresos hacia los grupos más vulnerables sin generar estigmatización, sino que además es un modo eficiente de estabilizar la demanda de consumo en la economía doméstica. A escala macroeconómica, la RB actuaría como un estabilizador de la demanda que permitiría generar efectos multiplicadores en la economía. No hay ninguna garantía de que el dinero que va a los bancos se transforme en mayor crédito y de allí mayor demanda de los grupos más necesitados.
Lo que deberían hacer los gobiernos es garantizar un nivel de demanda básico que sostenga a la economía. La regresiva distribución del ingreso que se ha producido en los últimos años, en el propio EEUU y otros países ricos, recomienda esto. Mucho más en los países menos desarrollados donde la RB cumpliría una función muy eficiente desde el punto de vista macroeconómico.
PERO NO SOLAMENTE EN TIEMPOS DE CRISIS
Las razones expuestas que harían más pertinente una RB en una situación económica depresiva como la que se expande en todo el mundo, no invalidan los argumentos que defienden la propuesta en una hipotética situación técnica de pleno empleo y de bonanza económica.
La RB puede ser un elemento importante de una sociedad justa en distintos momentos del ciclo económico. Pero esto no debe llevar a suponer que es una medida suficiente para esta sociedad justa; esto sería tener una concepción desproporcionada de la RB o bien una idea tullida de lo que es una sociedad justa. Una RB puede teóricamente concebirse en una sociedad que transpire injusticias por muchos poros. Así, es importante considerar la forma en que la RB se conjugaría con otras políticas. Especialmente, una RB que consideramos política y aún filosóficamente interesante tendría que ir ligada a una redistribución de la renta de los ricos a los pobres, exactamente en la dirección contraria que ha fluido en los últimos 30 años. Lo que equivale a considerar el papel de los impuestos.
En una época de crisis económica, cuando se han llegado a emplear billones de euros en ayudas a “financial mismanagers”, por utilizar una expresión de Michael Hudson, se vuelven más débiles los argumentos que cuestionan el uso de fondos públicos para distribuir entre los más necesitados. Es claro que el problema no es de fondos, sino de decisión política de destinarlos a uno u otro fin. Recuérdese que los rescates y las ayudas a los bancos realizadas hasta abril en EEUU suman 12′8 billones de dólares, lo que significaría unos 42.105 dólares por habitante adulto y menor. Además, esta cantidad es igual a 14 veces el efectivo en circulación (casi 900.000 millones). Y se trata de una cantidad muy próxima al conjunto del valor del PIB.
En el mismo sentido puede plantearse la discusión en Argentina y en América Latina. Múltiples estudios señalan que, en comparación con los países de Europa, la región cobra pocos impuestos y sobre todo pocos impuestos directos. El grueso de la tributación está formado por los impuestos indirectos y el efecto neto de las transferencias fiscales de impuestos y gastos, es claramente regresivo. Una combinación entre una RB universal actuando como crédito fiscal efectivo y un reordenamiento del sistema tributario a favor de impuestos directos mejoraría la eficiencia tributaria, aumentaría la recaudación y generaría un impacto progresivo en la distribución del ingreso.
Para concluir, si existen buenos argumentos para defender la RB en situaciones de crecimiento económico, caída de desempleo y tendencias favorables de los indicadores sociales, estos argumentos son aún más consistentes frente a la crisis que sigue profundizándose a escala internacional. Más aún, puede afirmarse que los impactos de esta crisis serán más devastadores por la ausencia de compromiso político para avanzar con propuestas como la RB en los momentos de expansión.
En lugar de confiar en los impactos positivos de un corto ciclo de crecimiento económico, el empleo y el crédito, lo que debería hacerse es reformular de forma permanente los sistemas de transferencias fiscales para hacer efectiva una RB y así sostener el ciclo de auge y prevenir los peores impactos de las crisis. El crédito que debería tener la ciudadanía no es el que está atado a la hipoteca de su casa, sino el que le corresponde por el sólo derecho de existir y vivir en sociedad (2).
Ya no hay dudas, la familia Walker conoce de grandes negocios. La tradición walkerista sabe que colgados de la poderosa mano política los resultados económicos siempre serán rentables. Haciendo algo de historia, ya en 1992 la dinastía Walker adquiría la pequeña localidad de Puerto Sánchez –Región de Aysén- con sus 150 familias, colegio y posta incluida. Sin lugar a dudas estar en la alcurnia política trae dividendos y poder. El Ministerio de Bienes Nacionales les vendió más de 16 mil hectáreas por poco más de 40 millones de pesos (unos 2.500 pesos por hectárea).
Para ganar, Frei requiere de la gran mayoría de la votación de ME-O lo que implica un fuerte cambio de las preferencias políticas en dos de las tres partes que componen su electorado. Esa tarea, de por sí titánica, sólo puede tener alguna posibilidad de ocurrir con el involucramiento activo del líder para conducir a sus electores hacia una decisión de tipo estratégica y contraria a sus inclinaciones originales.
